Por Guillermo Cifuentes
“No tiene sentido que hables del problema a menos que hables de su solución”. Betty Williams
Tres discursos nada edificantes en una semana pueden bajarle las defensas al más entusiasta. No queda otra salida que ampliar la visión y hacerlos encajar con otros hechos que en apariencia importan poco pero que van haciendo la huella por la que se camina inexorablemente hacia la democracia como promesa.
En el paraíso de la impunidad los que se alimentan de ella quisieran que no reparáramos en la renuncia y en la denuncia del Dr. Rodríguez Monegro. La acción, casi profética, instala la idea de que en la política también existen límites y que los cómplices pasivos pueden comenzar a ponerse en la fila. Esperamos que por estos días las organizaciones empresariales -tan diligentes cuando se trata del 4 %- hagan públicas sus observaciones sobre lo que ocurre con los servicios de salud que tan bien han sido descritos por el renunciado galeno.
Pero vamos a lo más sustancioso, a lo que ha tomado a muchos por sorpresa. La costumbre de seis décadas no dejaba espacio a políticos haciendo política y proponiendo -que es lo que hacen los políticos- medidas que provoquen cambios en el sistema electoral. Medidas que consecuentemente conduzcan a un nuevo sistema político en que las relaciones entre sus componentes estén más cerca de las modalidades de los sistemas democráticos y vayan desterrando sin dejar en el olvido -que es la peor de las impunidades- a los que viven del menú “reelección por reelección”.
Desde los partidos políticos que no están en el gobierno han sido dadas a conocer las “Propuestas para el establecimiento de un sistema electoral realmente democrático”. Aún cuando se pueden tener opiniones distintas hay que darle todo el mérito a ese acuerdo mínimo sobre las condiciones deseables para que se exprese verdaderamente la soberanía popular y se mejore la calidad de la representación legislativa y municipal. Por fin políticos hablando de política y no de ferrocarriles, repartos de dinero o movilización de batallones.
Si hay algo que debe llamar la atención es el pésimo contexto en el que las reformas electorales se están discutiendo. La ausencia de condiciones democráticas básicas es evidente y lo peor es que nunca se pudo decir con más seguridad que la democracia no es posible sin demócratas. Por un lado se aprecia la intimidación y la inhibición provocadas desde el poder y desde el otro lado se evidencia que lo que motiva las reformas es protegerse y evitar más daños, cuando de lo que se trataría es de construir la utopía democrática.
A simple vista, las características de los viejos partidos que han estado hegemonizando desde el gobierno y desde fuera de él la discusión, muy poco publicitada por cierto, pueden resumirse en que de democráticos tienen muy poco.
Por si esta afirmación provocara dudas, les dejo algunos botones: el PLD no elige presidente ni Secretario General desde el año 2005 y desde su fundación en 1973 sólo ha tenido dos presidentes sin que se vea alguna posibilidad de que elijan un tercero hasta después del 2020.
Por el otro paraje el motivo de máximo orgullo es el padrón creado por los dos precandidatos presidenciales. Cuando ambos revisaron los costos, repararon en que si habían gastado lo mismo era mejor no competir y se llevaron de encuentro a varios dirigentes a los que les debían algo más que su vigencia. ¿Cómo creerles entonces cuando proponen regular los gastos de campaña? Recorrer el país en estos días debe llenar de preguntas a los turistas agredidos por vallas millonarias de pequeños liderazgos de una organización política que no tiene posibilidad alguna de ganar una elección en los años más o menos próximos.
En medio de tales circunstancias no parece ocioso destacar algunos aspectos de las propuestas opositoras necesariamente fundacionales de la futura democracia dominicana: el establecimiento del voto obligatorio en la norma de las votaciones y escrutinios según lo establece la Constitución y al que se oponen quienes apuestan a que las decisiones las tome el mercado o los “grupos de presión”; el escrutinio público y el transporte público gratuito administrado por la Junta Central Electoral, sin duda serán motivos de recuperación de la confianza en los procesos electorales.
Lamentablemente los partidos minoritarios fueron arrastrados por los “menos demócratas” a mantener o impedir medidas o acciones que pudieran cambiar positivamente el sistema de partidos respecto a su relación entre ellos y al tamaño de los partidos. Me refiero en primer lugar a la modalidad de repartición de los fondos públicos que seguirá igual, pues le conviene a todos los que usufructúan del sistema y que mantiene un número pequeño de partidos con influencia legislativa. Modalidades más democráticas eran y son deseables: aporte según el número de votos obtenidos, por ejemplo.
Lo otro que se mantiene en la polémica es el tema de las primarias. No aprobarlas, en mi opinión, sólo afectará a los partidos minoritarios que no están en capacidad de organizarlas y que también se verán afectados por la ausencia de legislación (el tema ni se menciona) para que puedan competir y elegir sus candidaturas mediante pactos en las primarias. Las elecciones primarias si son abiertas, simultáneas, vinculantes y voluntarias no son inconstitucionales y al ser simultáneas el peligro imaginario de que los de un partido sean mandados a votar por candidatos de otro supone la renuncia a votar por candidatos propios, posibilidad que tampoco existe si se hacen conjuntamente con el padrón de la Junta y el de los partidos. Con respecto a este tema tengo la impresión de que existe un desconocimiento notable acerca del tema de los padrones y la forma en que operan en unas primarias (el de la Junta y el de los partidos).
Habrá tiempo para discutir, estoy seguro. Lo que se debe destacar es que por fin se está hablando de política y mientras eso ocurra la idoneidad y competencia de los actores políticos será más decisiva que las encuestas hechas a medida de los incompetentes y, claro, la democracia estará más cerca.
